Al igual que las finanzas públicas, la política se ha petrolizado. En los últimos días presenciamos las diferencias entre las Cámaras de Diputados y Senadores por la estimación del precio de exportación del crudo mexicano, 27 o 23 dólares.
A su vez, desde hace tres años, los gobernadores de la Conago mantienen un diferendo con Hacienda sobre la transparencia en la información de los excedentes de la renta petrolera. Algunos estiman hasta en 24 mil mdp los ingresos excedentes por este concepto, mientras que Hacienda los minimiza o, de plano, considera que son producto de la imaginación o la mitología de los gobernadores. A su vez, la empresa petrolera del país, Pemex, se encuentra en el centro de la atención pública desde el descubrimiento del Pemexgate hasta la revelación de un convenio multimillonario con el sindicato petrolero (que ha sido llamado el Pemexgate II) y la destitución de su director general.
Por otro lado, dos aspirantes a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador (Un proyecto alternativo de nación) y Jorge G. Castañeda (Somos muchos. Ideas para el mañana), hacen del petróleo el centro de su propuesta de crecimiento económico y de fortalecimiento de las finanzas públicas. Ambos coinciden en la necesidad de reponer las reservas probadas de crudo en un plazo corto, lo que significa invertir fuertemente en exploración y perforación. Sin embargo, difieren en el destino que debe darse a los nuevos inventarios: mientras el actual jefe de GDF sugiere darle valor agregado a través de la petroquímica y reducir en este rubro la creciente dependencia del país del mercado exterior, el ex canciller propone aumentar al doble la exportación petrolera actual, hasta llegar a tres millones de barriles diarios en 2008, muy en sintonía con lo que hoy acontece en la Venezuela de Hugo Chávez.
El petróleo, pues, estará sobre la mesa de la contienda presidencial de 2006 y será, indudablemente, uno de los referentes de las agendas de campaña sobre el que se deberá tomar partido, por si algo faltase para confirmar aquella percepción lopezvelardeana inscrita en su Suave patria: “El niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo”. Hay que estar alertas desde ahora para despetrolizar no sólo las finanzas del Estado, sino la política y la campaña presidencial misma, porque lo peor que nos puede pasar en 2006 es que al fuego de la contienda política se le añada un intenso olor a azufre refinado, tan característico del petróleo y del diablo.
En definitiva, sí hay que recurrir a la renta petrolera, pero no como fuente inagotable o estructural del gasto público. Por paradójico que suene, el Estado debe apoyarse en el petróleo con el fin de despetrolizarse, no de hacer más largo y ancho su cordón umbilical respecto del principal recurso natural estratégico del país. Esto sólo podrá alcanzarse con una política petrolera de Estado, no con la petrolización de la economía y de la política.
Una política petrolera de Estado debe comprender al menos los siguientes cinco elementos: integralidad en la explotación y uso de las actuales fuentes de energía del país (petróleo, gas, energía eléctrica y agua, ante todo); transición hacia el uso y masificación de fuentes de energía alternativa (como el hidrógeno y la solar); transitoriedad del petróleo como apalancamiento financiero del Estado, que no puede sustituir ni reemplazar a una reforma fiscal integral y progresiva; reforma administrativa a fondo de las empresas públicas del sector energético con el fin de garantizar transparencia, autonomía de gestión, sustentabilidad financiera y modernización tecnológica; p