Estas medidas afectan a dos de las más importantes instituciones públicas mexicanas: el IMSS y Pemex. En el caso de Pemex se trata de una reforma legislativa de gran envergadura; en el caso del IMSS se trata de una decisión legislativa y de una negociación salarial.

Veamos primero el asunto de Pemex. En este caso se ha venido negociando en el Congreso, desde hace ya varios meses, una reforma a su régimen fiscal.

En los hechos, Pemex es un organismo descentralizado y no una empresa pública. La verdad es que si respetamos el significado de las palabras "empresa" y "pública", Pemex no califica como empresa y su carácter público es mermado por muchas de las reglas que enmarcan su operación.

El nuevo régimen fiscal de Pemex busca resolver, aunque sea parcialmente, este enredo. Para ello se modifican los derechos y los impuestos que la entidad paga, para tratar de inducirla a decisiones más eficientes que fortalezcan su patrimonio y, con ello, su capacidad de seguir generando riqueza.

La corrupción de las administraciones petroleras y de su sindicato es ya legendaria. Es una verdadera leyenda negra. "Limpiar" Pemex de esos males no será posible si no se cambian esas normas, por más "voluntad política" que se aplique. Los muchos petroleros honestos y veteranos que llevan años tratando de hacer esto saben bien que es verdad.