Al respecto, el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, de Hacienda José Mario Uribe Alcántara afirmó que el despido de empleados por medio del llamado retiro voluntario ha provocado un ambiente de terror, incrementado el contrabando, operaciones fraudulentas con la devolución de impuestos y una caída en la recaudación fiscal de por lo menos 60%. Esta política de acoso a los empleados los obligó a salirse de la FSTSE y afiliarse a la Federación Democrática de Sindicatos de Servicios Públicos.

El objetivo de las autoridades hacendarias es acabar con los empleados de base o reducirlos hasta donde sea posible. Tan sólo en el SAT hay en todo el país 28 mil trabajadores, 20 mil de los cuales son de confianza. Se han improvisado funcionarios en puestos claves con sueldos de hasta 18 mil pesos mensuales. Los administradores llegan a percibir hasta 200 mil pesos, pero sin ninguna capacidad para frenar el contrabando o aumentar la recaudación, señaló Uribe.

Los reportes oficiales señalan que la congelación de plazas constituyó el rubro que generó los mayores ahorros para el sector público, de los cuales sobresalieron los alcanzados en el Banco Nacional de Comercio Exterior -entidad de control indirecto de Hacienda- en el cual se dejaron de pagar 24,925.8 mdp en la primera mitad del año. Pemex también recurrió a esa medida, en cuyo corporativo se obtuvieron economías por 10,978.5 millones más otros 1,405.6 millones en las plazas que dejaron de cubrirse en su subsidiaria PMI-Comercio Internacional.

El sistema nacional para del DIF dejó de cubrir las plazas que han quedado vacantes por diversas causas, entre las que figuran el retiro voluntario y las jubilaciones. En esta entidad se dejaron de pagar 7,560.7 mdp. Dentro de la SRA se obtuvo un ahorro en 1,317.2 mdp por el concepto ya mencionado. En el campo de esta dependencia destacó el fideicomiso fondo nacional de Fomento Ejidal, en el cual la economización llegó a 899 mdp; mientras que el resto de los ahorros se dio en el ámbito administrativo.

Con menor cuantía en el subejercicio del presupuesto asignado figuraron: la PGR, con 375.1 mdp; la Sedena (240 millones), Turismo (75.3), SRA (59); Gobernación (49 mdp sin ejecución), la SSP (34.3 millones), la SFP (14.2), la Secretaría de Salud (9.7 millones), Economía (19.3 millones), y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal en la cual se dejaron de ejercer cien mil pesos. (Reportero: Juan Antonio Zuñiga)