La ley electoral vigente en México padece graves lagunas que deben ser revisadas y subsanadas inmediatamente, como son la relación política-dinero, el otorgamiento de atribuciones al IFE para fiscalizar los recursos que reciben los partidos políticos, la regulación y duración de las campañas proselitistas, la costosa designación de funcionarios de casilla, la inoperante ""ley seca"" y la cuantiosa basura electoral que se genera. El doctor Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del IFE en el Distrito Federal, llega a tal consideración y refiere que dichos aspectos los deberá evaluar con la mayor celeridad la próxima Legislatura para que no vuelvan a ocurrir hechos como el del pasado 6 de julio en los comicios federales, caracterizados por un abstencionismo histórico que alcanzó el 59 por ciento.
Califica de lamentable que todo un enorme esfuerzo organizativo, con gran despliegue de energía social, de recursos financieros, materiales y humanos, toda la logística operativa que se aplicaron en la jornada comicial, no tuvieran la respuesta adecuada.
Tal evaluación deberá considerar si la ciudadanía no fue a votar porque no le interesó esta elección o porque, con tal posición, expresó una clara actitud política, interpretada como ""abstencionismo activo"", en que exhibe su desacuerdo o indiferencia con los partidos, las ofertas y los candidatos.
Por su parte, el doctor Rodríguez del Castillo hace saber que México se distingue a nivel mundial por aplicar los períodos más largos de campañas proselitistas electorales.
""Esto pudiera ser positivo si hubiese una respuesta positiva del electorado, pero vimos que no obstante estas campañas tan prolongadas, el enorme despliegue de recursos humanos, financieros y materiales no tuvo traducción en una participación ciudadana amplia. Es otro tema que habría que replantearse"".
En cuanto a los desechos de la propaganda electoral, refiere que el capítulo de la ley es muy reducido y son pocos artículos los que la regulan. (Reportero: Joaquín Roura Quiñónez)