20-Octubre-2005
Con el rechazo de algunos diputados priistas, la Cámara de Diputados publicó en su gaceta parlamentaria el dictamen del nuevo Régimen Fiscal de Pemex con el fin de someterlo a su aprobación. El documento, de ser aprobado, implicará un beneficio aproximado para la paraestatal de 23,228 mdp en flujo de efectivo. El nuevo Régimen Fiscal establece una transición de seis años para la amortización de las inversiones e incorpora a la mayoría de las observaciones formuladas por el Ejecutivo relativas al costo fiscal y al tratamiento diferenciado para el gas natural. Asimismo expone que con el régimen vigente, el total de derechos por los hidrocarburos sumaría el próximo año 420 mil mdp, pero de aprobarse la nueva Ley del Régimen Fiscal de Pemex, el total de derechos sumaría 393,424 mdp. Con el nuevo régimen los derechos ordinarios sobre hidrocarburos sumarían 314,313 mdp y los derechos sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización sumarían 34,938 mdp. Se transferirán 214 millones por el derecho del Fondo de Investigación Científica y Tecnológica y desaparecería el Decreto extraordinario por la extracción de petróleo crudo, entre otros. El dictamen aprobado por las bancadas de PAN y PRD adelanta las firmas en contra de los diputados priistas María Esther Sherman Leaño, Enrique Escalante y Luis Monárrez Rincón, entre otros. El proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del capítulo XII, del título segundo, de la Ley Federal de Derechos, establece ahora que Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 79% a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año y las deducciones permitidas en este artículo. En cuanto a eliminar que el Congreso de la Unión apruebe las plataformas máximas de extracción y de exportación de hidrocarburos, las comisiones acordaron mantener lo que fue aprobado sobre la facultad del Poder Legislativo en esta materia. Lo anterior, no obstante que reconocen el derecho del Ejecutivo federal a recurrir a la SCJN para presentar una controversia constitucional y que sea el máximo tribunal del país el que resuelva sobre el particular. En cuanto a las facultades de fiscalización de la ASF, las comisiones acordaron cambiar la redacción relativa a la participación de este ente dependiente de la Cámara de Diputados.
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