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Archiva Función Pública expediente de corrupción

Archiva Función Pública expediente de corrupción

14-Jun-2005 Excélsior Gobierno

Extrañamente, el secretario de la Función Pública Eduardo Romero Ramos habría ordenado el año pasado archivar un expediente por supuesta corrupción en Pemex Petroquímica, que involucraba a servidores públicos y políticos panistas en violaciones constitucionales, omisiones y daño patrimonial a Pemex por más de 200 mdp.

  • La investigación documenta un cuantioso fraude cometido por quien fuera abogado general de Pemex el panista José César Nava Vázquez, en colusión con el ex alcalde de Coatzacoalcos Marcelo Montiel.

  • Nava Sánchez fue cesado después de ser el artífice de la elaboración del escandaloso convenio laboral que firmó el ex director general de Pemex Raúl Muñoz Leos con el sindicato petrolero y en donde se había autorizado la entrega de cuantiosos recursos al líder Carlos Romero Deschamps para su manejo discrecional.

  • La dirección general de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz elaboró un informe sobre la situación de Pemex, dicho informe concluyó que aún como sociedad anónima, las filiales continuaban como empresas del dominio privado de la Federación, ninguna filial petroquímica era sujeta de impuesto alguno por traslado de dominio, ya que al momento de constituirse como sociedad anónima lo hacían con capital del gobierno federal y seguían dentro del patrimonio de la nación.

  • Así Petroquímica cangrejera, Petroquímica Morelos, Petroquímica Pajaritos, Petroquímica Cosoleacaque y Petroquímica Ecolín quedaron legalmente constituidas como sociedades anónimas de capital variable, aunque posteriormente el gobierno federal nunca pudo colocar las acciones.

  • En abril de 2002 el diputado veracruzano Marcelo Montiel, entonces alcalde de Coatzacoalcos hizo público que el cabildo demandaría a Pemex los impuestos cumulados desde 1997 por el traslado de dominio que, según sus cálculos ascendían a 713 mdp, lo cual había sido idea de los abogados de Pemex.

  • El caso se encargó a Rogelio Martínez Hernández, un abogado que se desempeñó como jefe de la unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque y representante legal de dicha filial, y luego como coordinador del Área Contenciosa de la Unidad Jurídica de Pemex Petroquímica, que podría haber incurrido en el delito de prevaricato.

  • El área jurídica de Pemex designó al abogado Ernesto Ordaz Moreno, pero al momento de defender los intereses de Pemex también trabajaba en el bufete privado Orbes, Servicios Legales Internacionales, la cual tenia la misma dirección del despacho demandante Asociados y Abogados Internacionales.

  • Hasta octubre de 2003, cuando según Romero Ramos ordenó a los contralores archivar el caso, los auditores de la SFP no tenían una cifra exacta de las pérdidas económicas y daños materiales por el embargo de las empresas Petroquímica Morelos y Petroquímica Pajaritos, peor en las notas de observaciones enviadas a Romero Ramos los auditores recalcan que la paralización de las plantas contribuyó a la quiebra técnica que hoy presenta la petroquímica nacional.

  • Nava Vázquez señaló que era conveniente negociar el pago de los impuestos, y que las empresas filiales no forman parte de la federación al gozar de una naturaleza jurídica distinta, que “los bienes de las empresas filiales no son propiedad de la federación”. Estos argumentos son además de violatorios de la Constitución , faltas a la Ley General de Bienes Nacionales.

  • En su momento ningún funcionario de Pemex impugnó la decisión del abogado general, a  pesar de que los órganos inter