Francisco Hernández Juárez, presidente de la UNT, dijo que a petición de la presidencia colegiada del organismo, se integrará una comisión que se encargará de estudiar la legalidad de dicha medida.
El líder sindical reprobó la decisión de las autoridades, pues aunque los recursos fueron tomados de fondos no reclamados del SAR 92, finalmente se trata del dinero de los trabajadores.
Detalló que previamente, la UNT sugirió al Congreso de la Unión que por lo menos hubiera un representante del sector obrero al momento de realizar las modificaciones a la Ley del SAR, con el fin de vigilar el manejo de los recursos. Sin embargo, dijo que las autoridades no permitieron la supervisión de ningún organismo.
Por su parte, Ignacio Burgoa Orihuela, especialista en derecho constitucional, aseguró que la decisión del gobierno y del Congreso es inconstitucional y puede tipificarse como delito de peculado, pues los recursos se utilizarán para fines ajenos a la jubilación de los trabajadores.
Afirmó que ni la SHCP ni el Congreso, ni ninguna otra entidad, pueden disponer de los ahorros de los trabajadores, pues estarían incurriendo en el delito de robo.
Fuentes del organismo manifestaron que resulta dudoso que el gobierno simplemente se limpie las manos argumentando que los recursos ""relativamente no son de nadie"".
Por su parte, Tomás del Toro, dirigente del sindicato Independencia, demandó ""total y absoluta transparencia"" en el manejo de los recursos del SAR, tanto por parte del gobierno como del Congreso. (Reporteros: Juan Nicolás Huerta, Lucero Almanza y Jaime Hernández)