Superada la tregua ordenada por la Presidencia de la República para apagar al precio que sea los brotes de descontento en el país hasta la lectura del quinto Informe de Gobierno, la mano dura reaparecerá en los días posteriores.
De entrada, se habla de una acción sin precedentes de Hacienda para encarcelar de golpe a cien concesionarios de gasolineras, bajo el cargo de evasión fiscal, al margen de que Pemex pudiera fincarles otro tipo de responsabilidades por abasto clandestino o adulteración de gasolinas y diesel, y en una de esas hasta por alterar el conteo de las bombas expendedoras para ofrecer menos combustible.
El problema es que para la Onexpo, el meollo del asunto se ubica en una represalia frente a la negativa de los concesionarios de absorber las comisiones que les cobrarían los bancos por aceptar tarjetas de crédito como medio de pago.
Como usted sabe, a partir del 1 de septiembre la dependencia encabezada por Francisco Gil Díaz ya no aceptará la posibilidad de deducción de consumo de gasolinas si la factura correspondiente no la avala el pago con un plástico expedido por la empresa beneficiada o que esté a nombre de una persona física con actividad empresarial.