La semana pasada el IFE aprobó por ocho votos y una abstención, el dictamen de su Comisión de Fiscalización de imponer una multa de mil mdp al PRI como castigo a la ilegalidad de no haber declarado ingresos por 500 mdp transferidos desde las arcas de Pemex al sindicato y de ahí al PRI.
Esta decisión cierra el caso Pemexgate en el ámbito electoral. Aunque el PRI haya apelado en el Tribunal Electoral, el IFE se fortalece como institución autónoma para garantizar la legalidad de los procesos electorales.
En este periodo de alternancia política, la consolidación de una institución producto de la lucha del movimiento democrático en la última fase del siglo XX, sin duda alienta el proceso de desarrollo político del país y es motivo de beneplácito para quienes sostenemos que sin democracia electoral será imposible transitar hacia la democracia participativa y a la profunda reforma política del Estado que está aún pendiente.
Por lo pronto, un juzgado encontró irregularidades en la constitución de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, de manera que el juicio de procedencia se encuentra suspendido; mientras que las acusaciones penales contra los dirigentes del sindicato aún podrían ser materia de negociación con el gobierno, en un posible y deleznable trueque con el caso de los Amigos de Fox.