"¡El Gaaaas!"

Siendo México un país de vastos recursos energéticos tenemos un marco jurídico que limita de sobremanera nuestra capacidad de desarrollo.

Somos un país relativamente rico en reservas probadas de gas natural. Pero están ahí, en el subsuelo, sin poderse explotar eficientemente por que Pemex no tiene los recursos para hacerlo y porque, aunque los tuviera, el sector privado está impedido de participar de forma más eficiente en las limitadas tareas que puede desarrollar hoy en día. Pareciera en ocasiones que pese a lo mucho que el país ha cambiado en los últimos años, sigue habiendo miembros relevantes del cuerpo político con un marco de referencia anclado en el pasado.

Será por ello que pese a las reservas de gas mencionadas, el país se está convirtiendo en un creciente importador de gas natural pudiéndolo producir aquí. Que conste: no siempre es preferible producir todo de manera doméstica: sí lo es cuando resulta más barato que importar, lo que sucede claramente en el caso del gas.

Por lo pronto, el hecho es que en los últimos años la demanda de gas natural ha crecido mucho más de prisa que la oferta. Será por que genera una energía más limpia, o por que cada vez tiene mayor peso en la generación de electricidad, o por que tiene una aceptación creciente tanto en el sector residencial como en el industrial; cualquiera que sea el peso específico de cada una de las razones mencionadas, uno esperaría que cualquier sociedad en estas circunstancias estuviera analizando a profundidad qué hacer para desarrollar sus propios recursos energéticos.

Hace poco más de un año, el director de Pemex Raúl Muñoz Leos presentó los llamados ""Contratos de servicios múltiples"", que no son sino una forma de hacer mucho más eficiente lo que ya Pemex viene haciendo desde hace años en términos de subcontratar a empresas privadas para muchas y muy distintas labores necesarias para la explotación, en este caso, de campos de gas.

De 1997 a la fecha se han celebrado más de 1,100 contratos distintos con empresas privadas para el desarrollo del sector. Es un hecho, además, que ni la SHCP ni la Secodam son precisamente promotoras de la actividad empresarial por parte de las empresas públicas, por lo que el costo administrativo de esos centenares de contratos no ha de ser bajo.

Diversos legisladores tienen más de un año cuestionando la supuesta legalidad de los contratos. Han argumentado que se esconden los proyectos de contrato, cuando desde hace tiempo se pueden leer en la página de internet de Pemex; han insistido en que la soberanía del país se pierde al permitir que empresas privadas exploten nuestros recursos naturales, cuando que desde hace años la subcontratación es una práctica no sólo legal y legítima sino inclusive económicamente eficiente.