“Las petroleras no invertirán más”, titula el semanario Bolivian Business. “Bolivia ha perdido diez mil dólares de proyectos suspendidos”, destaca Energy Press, un periódico profesional de La Paz. La nueva ley sobre los hidrocarburos, que aumenta los impuestos sobre el petróleo y el gas, y luego la dimisión del presidente Carlos Mesa, bajo la presión de movimientos sociales que reclaman la nacionalización de los recursos energéticos, sumergen a los medios de negocios en la incertidumbre.
La ley prevé la revisión de los 78 contratos firmados por las compañías extranjeras para que puedan entrar en el molde de tres fórmulas tipo. Las sociedades deberán a partir de ahora trabajar en sociedad con la empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La industrialización del país más pobre de América del Sur, con un PIB de 900 dólares por habitante, supone extraer gruesos volúmenes de gas para alimentar el mercado local y el internacional, expone Eduardo Arauco.
La crisis podría entrañar una redistribución de los mapas de la energía en esa región entre Argentina, Brasil, Perú, Chile y Bolivia.
El esquema cubano de Evo Morales, dirigente del Movimiento por el Socialismo, justifica la reivindicación de la nacionalización y rechaza toda forma de tutela extranjera. (Reportero: Paulo Paranagua)